¿Qué futuro tiene la banca nacionalizada?, ¿Conviene que Bankia, CatalunyaBanc y Novagalicia permanezcan a largo plazo en brazos del sector público, haciendo de la actual necesidad, virtud de futuro? Hasta ahora, estas cuestiones han recibido respuestas más bien ideológicas. Desde la izquierda de la izquierda se han levantado voces propugnando que se aproveche la ocasión y que se constituya un amplio sector público bancario. Con un argumento fuerte, pero solitario: ya que las entidades han sido salvadas por los contribuyentes a las duras, que se queden en sus manos a las maduras. Sin embargo, nadie explica qué servicio singular podrían prestar estas entidades a la reactivación del crédito en las actuales circunstancias recesivas, y dadas sus limitaciones de imagen, de gestión, de capacidad de movimiento y para la recuperación de clientela solvente.
Desde el ángulo contrario, la banca y el supervisor manifiestan contundentes recelos a esta alternativa. El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, es quien más claramente se ha manifestado, acogiéndose a que la “experiencia demuestra que la gestión de la propiedad pública [después de les necesarias reestructuraciones] no resulta en general un mecanismo eficaz para corregir las imperfecciones del mercado de servicios bancarios y con frecuencia, tiende a acentuarlas”. Esta condena general de la banca pública es demasiado tributaria de un desastre reciente, el de muchas de las entidades semipúblicas conocidas como a cajas de ahorro. Olvida que en España ha existido en el pasado banca pública de una cierta calidad (hasta su privatización). Y fundamentalmente que la gestión privada resulta en ocasiones tan o más mejorable que la pública, como demostró el derrumbe de la banca industrial privada y después de muchas entidades comerciales en la convulsa crisis de los años 80 y primeros de los noventa.
De manera que la respuesta no puede venir de las abstracciones ideológicas, sino del análisis de cuál es la mejor estrategia para recuperar la inversión pública –española y europea– ya otorgada; y si puede ser la banca nacionalizada el mejor instrumento para activar el mercado de crédito a las pymes. Cuestiones, ambas, que están estrechamente ligadas entre sí.
No es seguro que la conversión de la banca nacionalizada de urgencia en banca pública permanente sea la mejor fórmula para recuperar el máximo nivel posible de la inversión llevada a cabo por los contribuyentes. Primero porque a menudo tiene lugar un “efecto cola” mediante el cual las empresas más vulnerables y rechazadas por las entidades privadas son las que tienden a endeudarse con la banca pública, después de rodar por toda la privada. Segundo, porque la intencional función social de las entidades públicas suele incentivar la tendencia y se arriesga a que conceda créditos a proyectos no viables y a compañías en peligro de mora. Tercer, porque no queda claro cómo unas entidades muy castigadas durante su caída lograrían plantear competencia eficaz a las que mejor sortearon la crisis. Parecería pues que la continuación del proceso de saneamiento y la posterior venta, en entidades enteras o troceadas, pueda resultar más verosímil. Pero tampoco está descontado. El FROB ha fracasado en su intento de lograr una venta remunerativa de CatalunyaBanc, y veremos si dentro de un tiempo no le cuesta aún más su traspaso. Y la venta del Gallego al Sabadell, le ha encajado 325 millones de euros de pérdidas, contra la previsión de ganancias que había publicitado.
Por otro lado, las sinergias entre las entidades nacionalizadas que han recibido 42.000 millones de euros en ayuda europea indirecta son materia complicada: la fusión que preveía el Gobierno fue desautorizada por Bruselas, en aplicación del Memorandum of Understanding. Una eventual alianza comercial toparía con la defensa de la competencia a cargo de la CNMV. Y la mera coordinación de la comercialización de sus participaciones industriales parece poca cosa a fin y efecto de imprimir una dinámica fastuosa a estas entidades, como subsector.
El otro interrogante es si las nacionalizadas constituyen el instrumento idóneo para el relanzamiento del crédito, que desde medianos de 2009 hasta el final de 2012 ha caído un 9,2%, unos 172.000 millones de euros, equivalentes al 17% del PIB, según FUNCAS. La parálisis crediticia obedece a toda una serie de factores: insuficiencia de una demanda solvente; exceso de endeudamiento de empresas y familias; temor de los bancos a la creciente morosidad; lastre de las entidades con activos del ladrillo en depreciación continua; obstáculos a la financiación ortodoxa de los bancos en los mercados de capitales internacionales. ¿Tienen alguna ventaja comparativa los bancos nacionalizados frente a los otros en cada uno de estos elementos? Vuelve a ser dudoso, al menos si se consideran aisladamente otras operaciones que parecen más practicables, como son la apertura de las –por ahora muy modestas–, nuevas líneas del ICO (la última, del 23 de Febrero, totaliza 22.000 millones de euros) o la disposición del BCE para incentivar la banca española a dar más crédito a las pequeñas empresas, rebajando el nivel de las garantías titulizadas (colaterales).
Y para peor pronóstico, la recesión continuará, agravada, el 2013; el nivel de paro se prevé que se eleve hasta el 27% de la población activa; el déficit se resiste y la deuda se incrementa notablemente. ¿Quién puede y sabe hacer banca rentable en unas coordenadas como éstas?
Xavier Vidal-Folch