En los últimos años, se ha observado un incremento del intervencionismo selectivo por parte de los estados en la economía con el propósito de influir en las decisiones de producción e intercambio de los actores públicos y privados. Este fenómeno, identificado bajo la denominación genérica de política industrial, ha resurgido, primero, como respuesta a diversas crisis —financiera, sanitaria y energética— que han afectado el crecimiento económico y evidenciado la vulnerabilidad de los países en un contexto de interdependencia productiva y comercial, resultado de la globalización. Y segundo, por el descubrimiento de la importancia de las externalidades en seguridad nacional. Las decisiones de producción empresarial inciden en la capacidad de los estados para responder ante acciones de terceros que puedan comprometer su seguridad, debilitando su posición en escenarios de negociación internacional. En este contexto, los estados recurren a la intervención económica con el fin de orientar las decisiones productivas y comerciales hacia objetivos estratégicos como la resiliencia y la seguridad nacional.