Más que probablemente tanto España como la UE están “listas” para afrontar el rescate a la economía española. Pero todo indica que mientras se mantenga la actual tregua relativa en los mercados de deuda, esta disponibilidad no se convertirá inmediatamente en hechos. Algunos factores, nada exentos de argumentos lógicos, aunque más de orden político que estrictamente económico-financiero, aplazan la ejecución del rescate.
Desde ciertos Estados miembros decisivos, como Alemania, destaca la conveniencia de espaciar las apelaciones de la canciller ante el Bundestag para solicitar el apoyo a sucesivos paquetes de apoyo en favor de los países sureños. Desde el lado español, sobresale la reciente reducción de la prima de riesgo con ocasión de las últimas emisiones del Tesoro, que de prolongarse en el tiempo permitiría gozar de algunos efectos benéficos de la petición de ayuda, sin costes asociados. Entre ellos, el riesgo que supone la necesidad de unanimidad en la eurozona, siempre volátil; el deterioro de la imagen del Gobierno peticionario; o la penosa experiencia de los anteriores rescates a países periféricos, singularmente los –mucho más duros– de la primera generación.
De modo que en ausencia de una importante turbulencia en el mercado de deuda pública –que siempre puede aparecer de improviso, ése es el riesgo– los incentivos a la ejecución del procedimiento ceden paso a las presiones en favor de aparcarlo. La situación puede cambiar súbitamente en cualquier momento, amenazando a España con un aumento exponencial en los tipos de su deuda e inhibiendo al Reino y a las empresas su acceso a los mercados financieros.
La tendencia a considerar la posible imprudencia de esta inacción debería matizarse por la existencia del “efecto Draghi”. En efecto, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha hecho y hace cuanto puede no sólo por la estabilidad de la eurozona (barras de liquidez, compromiso de compra condicionada de deuda de países tambaleantes), sino también de forma muy específica, por evitar una caída de la economía italiana, que arrastraría al presidente del Consejo, Mario Monti. Existe evidencia empírica de este sesgo, al cabo positivo, tanto en las compras de deuda de agosto de 2011, como en las ofertas de liquidez de diciembre de 2011 y febrero de 2012. Pues bien, no sólo lo ha hecho, sino que lo hará: es obvio que de ello, como de cualquier futurible, no hay evidencia empírica. Pero sí es cierto que esta convicción figura en la agenda íntima del presidente del Gobierno español. Su corolario es obvio: si el presidente del BCE está dispuesto a actuar de urgencia ante cualquier problema mayor que afecte a Roma, y teniendo en cuenta que una turbulencia significativa en la deuda española constituiría en la actual circunstancia uno de esos problemas para la economía italiana, el relativo blindaje del BCE a Italia se extiende a España. De ahí la parsimoniosa secuencia de los hechos y el aplazamiento de la petición de rescate.
Xavier Vidal-Folch