Las semanas transcurridas después de los comentarios al segundo debate sobre si “¿Hay alternativa a las medidas de austeridad? confirman los temores expresados por los analistas que participaron en el mismo. La austeridad a ultranza exigida por la UE para reducir el déficit y la deuda como condición para relanzar el crecimiento no han funcionado. El panorama económico que se desprende de las recientes previsiones de la Comisión Europea para 2013 ratifica los peores presagios. Los pronósticos de Bruselas apuntan para este año a una recesión del conjunto de la zona euro (-0,3%) y a otro año perdido para España con una caída de la actividad (-1,4%); de la inversión (-3,0%) y del empleo (-3,1%). El palo sin zanahoria sólo ha empeorado las cosas.

En su artículo Anton Costas sostenía que las políticas de austeridad “no sólo no logran su objetivos – la reducción del déficit y la deuda pública- sino que agravan esos problemas y crean otros nuevos”. Efectivamente, Bruselas pronostica un repunte del déficit público hasta el 7,2% para 2014.

Sobre este punto, Santiago Carbó indicó que “mantener la reputación fiscal se antoja esencial si España no quiere quedar financieramente aislada”. Y por lo tanto cree que “no parece muy coherente abogar por el abandono de la austeridad”. Establecidas estas premisas, Carbó propugnó, sin embargo, unos “plazos de consolidación fiscal más amplios porque, hasta el momento, el calendario de ajuste es algo asfixiante”.

Antoni Castells, subrayaba que “los ajustes y las medidas de austeridad son necesarios pero no son suficientes ni para restablecer los equilibrios ni para recuperar el crecimiento”. En su opinión el ritmo de reducción del déficit público “puede y debe ser más lento para hacer más llevadero el impacto contractivo en la economía”. En sintonía con esta propuesta sugería que “los países europeos que tienen margen para ello deberían adoptar políticas expansivas de demanda (por vía presupuestaria, o incentivando el consumo privado)”.

Desde una perspectiva más global Castells advertía finalmente que “la historia nos dice que no hay ninguna crisis de sobreendeudamiento que no se acabe solucionando sin un reparto de costes entre deudores y acreedores”.

Encontrar la combinación óptima entre las políticas de austeridad y las de estímulo económico es el gran desafío que tienen ante sí los líderes europeos, especialmente para quien dispone de más poder, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, (BCE). Lejos de recuperarse, Europa sigue hundiéndose en la crisis, con una tasa de paro que este año escalará hasta el 12,2 % en la zona euro y el 27% en España. Las políticas de la UE para salir de la crisis han resultado claramente ineficientes. El debate para diseñar una nueva política fiscal y monetaria es más urgente que nunca si la UE quiere frenar su creciente pérdida de relevancia frente Estados Unidos y los países emergentes y sobre todo recuperar la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo.

Andreu Missé

A veces las cosas no son lo que parece, contienen demasiados matices como para poder llegar a aseveraciones muy claras sobre las relaciones causales. En este sentido, un diagnóstico apresurado de la actual situación económica y de las políticas desarrolladas en este contexto es el de que la austeridad debe erradicarse porque sólo lleva a menor crecimiento y eso implica menores ingresos fiscales y la necesidad de nuevos recortes. Esto es verdad en parte, porque lógicamente la austeridad no puede suponer un estímulo pero el todo no puede ser “acabemos con la austeridad”. Hay políticas intermedias y en la situación actual no pasan sólo por España, sino por una comprensión más amplia de qué necesita Europa en estos momentos y en los próximos años.

Pongámonos en antecedentes. Para España, financiarse del exterior ha sido fundamental y, hasta le fecha, parece que lo seguirá siendo. Por lo tanto, mantener la reputación fiscal se antoja esencial si España no quiere quedar financieramente aislada. El ejemplo más claro lo tenemos en la histriónica situación actual en la que estamos viviendo unas semanas de mayor tranquilidad relativa en los mercados. Pero esto se debe –al menos en una parte muy importante- a que España parecía dispuesta a acogerse a un rescate que no es otra cosa que garantizar la reputación mediante un escrutinio externo. Además, en este caso, a ese escrutinio le acompañaría un programa de compra de deuda (el OMT o Ourtight Monetary Transactions) que es también muy importante para mejorar las condiciones financieras. Y no sólo las públicas sino que también, por extensión, las del sector privado.

Teniendo en cuenta los antecedentes, no parece muy coherente abogar por el abandono de la austeridad. Lo que sí parece que puede tener cabida es la configuración de esa austeridad en un nuevo marco más realista y práctico. Con varios ingredientes:

El primero, plazos de consolidación fiscal más amplios porque, hasta el momento, el calendario de ajuste es algo asfixiante. El ejemplo de Grecia está ahí, dejando muy claro que comprometerse a lo imposible sólo lleva a más problemas.

En segundo lugar, incluso si se cumple con el compromiso de déficit (o no hay grandes desviaciones) en los plazos estipulados, la respuesta de Europa debería ser algo más “alegre”. Esta alegría se refiere a que hay varias cuestiones que tienen más sentido que otras en la posición de los socios e instituciones europeas respecto a España. Por ejemplo, el papel de Draghi ofreciendo el programa OMT es un claro ejemplo de lo que debe hacerse, dar y exigir al mismo tiempo. Sin embargo, el núcleo duro europeo está optando por exigir mucho y dar poco. Ejemplos de esa asimetría son la cicatería de esos países fuertes respecto a las contribuciones al presupuesto común europeo. También son paradigmas poco edificantes el retraso en el proyecto de la unión bancaria o la negativa a que el MEDE financie directamente a los sectores bancarios en problemas. Tampoco tiene sentido que algunos países como España avancen en liberalización de servicios y, otros, como Alemania sigan contando con un cierto proteccionismo en algunos de ellos. Y así, un largo etcétera.

En tercer lugar, Europa debe realizar un plan de crecimiento paralelo al esfuerzo de consolidación fiscal de países como España. Esto no implica que se den fondos a España sin más –además, la voluntad presupuestaria no parece que vaya en ese sentido- sino que todos aquellos que puedan –Alemania, por ejemplo- tiren de Europa con algo más de decisión. Resulta absurdo mantener la falsa creencia de que si todos los países europeos aplican austeridad a la vez, todos se beneficiarán. Esto sí que es algo que, claramente, no está funcionando.

Por último, España, respecto a Europa, tiene pocas opciones más allá de mejorar su interlocución en estos aspectos. Sin embargo, lo que sí tiene es un deber de completar y afirmar las reformas estructurales, ya que algunas de ellas (la laboral, sin ir más lejos) siguen a medio camino. La conjunción de la reputación del esfuerzo fiscal y de un verdadero afán reformista puede atraer la inversión e impulsar un crecimiento más basado en la competitividad. Pero ojo, esto es un proceso lento, pero más vale firme y lento que inseguro y frustrante.

Santiago Carbó

Es sabido que el debate político conduce a una alarmante simplificación de las alternativas en juego, y en España, donde el aprendizaje de la libertad y la democracia se ha hecho tarde y con dificultades, todavía más.

Por eso, me resisto a tener que responder simplemente con un monosílabo a la pregunta de si son necesarios los recortes. Pero, a la vez, tampoco deseo que la complejidad de la respuesta sea la excusa habitual para evitar responder sobre el tema central.

De manera que vaya por delante que en mi opinión las medidas de austeridad, los recortes si se quiere expresarlo así, son inevitables. Lo son porque, una vez dentro de la zona euro, no existe otra forma de recuperar la competitividad y reducir en las proporciones necesarias el elevadísimo nivel de endeudamiento de nuestra economía, que mediante el ajuste interno de costes y salarios.

Los ajustes y las medidas de austeridad son, pues, necesarios. Pero no son suficientes, ni para restablecer los equilibrios, ni para recuperar el crecimiento, y tampoco existe una única estrategia (es decir, una única manera de hacer las cosas) para llevarlos a cabo, ni está claro que la adoptada sea la más acertada. Es por ello que desearía añadir algunos comentarios:

1) Una cosa es la devaluación interna y otra los recortes del gasto público. Es evidente que existen puntos de conexión (entre otros, la reducción de los salarios de los funcionarios forma parte de la devaluación interna), pero en lo esencial son dos cuestiones diferentes que, interesadamente o no, se confunden con demasiada facilidad.

2) España debe reducir su déficit público. Esto está fuera de cuestión, porque un déficit superior al 9% del PIB no es sostenible y porque, aunque lo fuera, los mercados no están dispuestos a financiarlo en condiciones aceptables. Ahora bien, en primer lugar el ritmo de reducción puede y debe ser más lento, para hacer más llevadero el impacto contractivo en la economía; y en segundo lugar, los países europeos que tienen margen para ello, deberían adoptar políticas expansivas de demanda (por la vía presupuestaria, o incentivando el consumo privado). Es cierto que esto no está solo (o no de forma significativa) en nuestras manos, pero a estas alturas, ésta no puede ser una razón para no tener una política. Si lo fuera, no tendríamos ni política presupuestaria, ni fiscal, ni bancaria.

3) La recuperación de la competitividad (de los costes laborales unitarios) depende de la interacción de dos vectores: la reducción de los costes y el incremento de la productividad. Y ahí se pueden formular dos comentarios. Primero, cuanto más se pueda avanzar en esta segunda línea, menor deberá ser el esfuerzo en términos de ajuste de los salarios reales. Y segundo, los costes salariales son muy importantes, sin duda, para recuperar la competitividad. Pero no son los únicos. En especial, existen costes relevantes asociados al mal funcionamiento y falta de competencia de algunos importantes mercados de servicios.

4) Una de las características más graves y singular de la actual crisis es el desequilibrio en términos de endeudamiento. Las medidas de austeridad ayudan, por supuesto, pero no resuelven por ellas mismas el problema. La historia nos dice que no hay ninguna crisis de sobreendeudamiento que no se acabe solucionando sin un reparto de costes entre deudores y acreedores. En la eurozona la distribución está muy sesgada en contra de los países deudores. De hecho, hasta ahora se ha producido una transferencia de la deuda con acreedores privados de los países ‘fuertes’ a acreedores públicos de éstos y de los otros países. ¿Cómo resolvemos la crisis de sobreendeudamiento sin alguna forma de ‘default’ de nuestra deuda pública o de una quita apreciable de la deuda en manos de acreedores privados exteriores, alternativas ambas simplemente impensables?

5) No se puede hacer política en contra de una mayoría social. Se pueden hacer políticas impopulares y que exijan sacrificios, por supuesto, pero deben contar con el apoyo de una mayoría social. Y para ello son imprescindibles dos condiciones: en primer lugar, debe existir confianza en que estas políticas servirán para resolver los problemas y que, al final del túnel, habrá una salida satisfactoria para el conjunto de la sociedad; y en segundo lugar, los sacrificios deben estar bien repartidos. Estas dos condiciones exigen liderazgo: este hilo invisible que es la confianza de una mayoría social en sus dirigentes cuando éstos deben decirles verdades incómodas y pedirles sacrificios.

Antoni Castells

La respuesta a esta cuestión exige aceptar tres premisas fundamentales:

1ª. Esta crisis es diferente. Su origen está en una burbuja crediticia-inmobiliaria que al explotar provoca, por un lado, un desplome del valor de los activos y, por otro, deja a las familias, empresas y banca sobreendeudas. La evidencia histórica nos dice que estas crisis son duras y duraderas. El análisis económico y la evidencia empírica nos enseña que las políticas de austeridad (la combinación de recortes de gasto público y devaluación interna de salarios) cuando operan en un escenario interno como el descrito y en un entorno exterior débil, no sólo no sólo no logran sus objetivos –la reducción del déficit y la deuda pública- sino que agravan esos problemas y crean otros nuevos.

2ª. Formamos parte de una unión monetaria a la cual hemos cedido instrumentos de política económica tan importantes como las políticas monetaria, financiera y cambiara. Estas son palancas esenciales para hacer frente a una crisis de esta naturaleza. En este nuevo contexto, el alivio de la carga de la deuda y la solución al problema del sobreendeudamiento bancario y soberano es cosa de dos: de la eurozona y de España. No se trata de implorar, sino de exigir que se haga un uso responsable y eficaz de los instrumentos de política económica en su poder.

3ª. Los “recortes” no son reformas eficaces y duraderas. Son respuestas improvisadas, movidas más por la “necesidad de hacer algo”, los intereses ideológicos y e intereses particulares oportunistas para hacerse con negocios concesionales.

A partir de estas tres premisas, la alternativa a los “recortes” debería pasar por una estrategia económica que combine dos objetivos –la consolidación fiscal y el crecimiento- y opere en un doble nivel de actuación: el estatal y el europeo.

A) Lo que tiene que hacer España

1. Alcanzar un compromiso político y social interno creíble para lograr la consolidación fiscal a medio plazo. Un compromiso que no se puede apoyar en los recortes sino en verdaderas reformas políticas. Muchos de los desequilibrios de las cuentas públicas tienen su origen en decisiones e instituciones políticas del pasado que ahora provocan fuertes presiones al aumento del gasto. Los recortes no van dirigidos a cambiar las fuentes de esas presiones.

2. Poner en marcha un programa de políticas y reformas orientadas a fortalecer el crecimiento, la productividad, la innovación y la capacidad de empleabilidad de las personas. El objetivo debe ser fomentar un capitalismo industrial de riesgo y ventura y la eliminación de actividades concesionales, monopolistas y comisionistas que no están basadas en la eficiencia empresarial y el beneficio legítimo sino en prácticas depredadoras de captura y extracción de rentas que hoy proliferan en la economía española.

3. Crear un clima social favorable al cambio y diseñar una estrategia de reformas que tenga en cuenta los costes de transición de las reformas, a la vez que utilice el liderazgo político no en forma de dictador benevolente sino como instrumento de cambio de las preferencias sociales.

B) Lo que tiene que hacer la UE y el BCE

1. Comprender que la reducción del déficit y de la deuda soberana es una maratón, no un sprint. Cambiar la narrativa sobre las causas del sobrendeudamiento público.

2. Continuar con la transformación del BCE en un verdadero banco central, digno de tal nombre, en la línea con las transformaciones introducidas por Mario Draghi, cuyo efecto más visible ha sido descargar a la prima de deuda de los países sobreendeudados del riesgo de quiebra del euro. Esa transformación del BCE debe ir acompañada de un uso más activo de la política monetaria, tanto para evitar la fragmentación financiera de la eurozona como para favorecer el crecimiento.

3. Poner en marcha un proceso orientado a crear una institución europea que, de forma directa, represente y formule un “interés general europeo”, hoy inexistente.

Anton Costas