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¿Qué hacer con las cajas de ahorros nacionalizadas?

Tras las intervenciones públicas en algunas entidades financieras, surge la cuestión de cúal debe ser la estrategia a seguir con estas cajas nacionalizadas.

La respuesta inmediata a la cuestión planteada es simple y directa. Completado su saneamiento con el traspaso de activos a SAREB, asumidas las pérdidas por accionistas y acreedores subordinados y concluida su recapitalización por el FROB, las entidades así “nacionalizadas” deben de retornar a manos privadas cualquiera que hubiera sido su forma de propiedad anterior o la de sus potenciales adquirentes.

Este es el sentido último de unas intervenciones públicas emprendidas para evitar los riesgos que hubieran entrañado -para el sistema de pagos y el conjunto del sistema crediticio- las liquidaciones fortuitas por quiebras sucesivas de  entidades. Estos son los principios económicos y legales que motivan la presencia del FROB: los de una reestructuración o liquidación ordenada, y son, por otra parte, los que inspiran el apoyo del Mecanismo de Estabilidad Europeo y su aprobación por las autoridades de salvaguardia de la competencia en el mercado único.

Con este tenor la presencia del FROB no puede ser sino temporal: para salvar los fallos de mercado y las incertidumbres que impiden una pronta recapitalización privada a valores razonables. Lo que se trata es de minimizar los costes directos e indirectos de las intervenciones, alejándolos de los que corresponderían a unas liquidaciones precipitadas. El elemento crucial es, en este caso, la viabilidad del negocio y su puesta en valor. La recapitalización pública es parte instrumental del proceso, pero no es el fin ni el objeto último del mismo.

Dicho esto de manera tersa, y hasta cierto punto indubitada, subsisten sin embargo dos grupos de cuestiones. El primero sería el relativo a cómo rematar esta presencia temporal, por cuales vías, con qué prontitud y mediante qué proyectos de gestión y negocio. El segundo, más radical, llevaría a poner en cuestión los principios que inspiran la intervención del FROB y a pensar en una solución más o menos permanente mediante una nueva banca pública.

Para ello sería preciso que capital estatal –empresa pública- adquiriese las participaciones del FROB en los mismos términos establecidos por la normativa europea para otros concurrentes, devolviendo los apoyos al Mecanismo de Estabilidad Europeo. La intención sería utilizar esta banca como herramienta de política que alivie los desajustes actuales en los mercados crediticios. Pero quizás fuera peor la penitencia, aumentando los costes y las restricciones financieras más que disminuyéndolos

Ello abre el terreno para un tercer grupo de cuestiones relativas a cómo resolver el actual atasco de los mercados crediticios. Esto no pasa necesariamente por la estatalización de entidades de crédito y ni siquiera por un reforzamiento del actual crédito oficial o por la creación de nuevas agencias especializadas; si bien estos dos últimos no estarían de más. Tema diferente, pero relacionado, es si estas líneas o apoyos públicos que compartan el riesgo con las entidades privadas de crédito debieran descansar en facilidades europeas o en las estrictamente nacionales.

Cualesquiera que sean las respuestas a estas cuestiones, lo deben de ser sujetas a procedimientos y principios legales bien establecidos, y sobre bases bien razonadas de costes y beneficios económicos de la decisión.

En este sentido conviene decir que no está la Magdalena para tafetanes. Por ello cabe aconsejar menos agitación de emociones, más austeridad en gastos de consultoría, más estabilidad de los marcos de actuación, mayor profundidad y mejor ejecución.

José Pérez


La falta de crédito es seguramente el obstáculo más serio para la recuperación económica. Desde 2007 el crédito al sector productivo ha caído un 21%. El último informe del BCE sobre la financiación de las Pequeñas y Medianas Empresas en la zona euro, que comprende el periodo octubre 2012 –marzo 2013, explica lo mal que lo están pasando algunas compañías por la falta de financiación. En España las pymes son especialmente relevantes pues aportan el 74% del empleo, mientras que la zona euro sólo el 64%.

Según el citado informe, un 51% de las pymes españolas reconocieron tropezar con obstáculos para obtener financiación bancaria, frente al 64% de las empresas en Grecia, el 59% en Irlanda y sólo el 9% en Alemania.  Al mismo tiempo, un 66% de las empresas españolas han experimentado un mayor aumento de los tipos de interés, un porcentaje que es del 62% en Italia y 56% en Portugal. En cambio otros países como Francia y Alemania lograron mantener o rebajar el precio del dinero que precisan sus empresas.

La mayor facilidad de las pymes alemanas para la obtención de crédito tiene mucho que ver con la estructura del sistema financiero del país. Alemania cuenta con un importante peso de más de 1.100 bancos cooperativos y las 430 cajas de ahorros, que no dejan de crecer. Desde 2007 los bancos cooperativos y las cajas han aumentado el crédito mientras que la banca privada lo ha reducido.

El papel positivo que está desempeñando la banca pública no es un fenómeno excepcional de Alemania. En otros países como Finlandia, Austria y Holanda, los bancos cooperativos han desempeñado “un impacto positivo en el crecimiento del PIB”, como señala el informe Liikanen, el trabajo más riguroso sobre la estructura del sector bancario europeo, encargado por Bruselas y publicado en 2012. El mismo informe atribuye a la estrecha relación entre las cajas y bancos cooperativos y sus clientes la razón de su “mejor comportamiento comparados con los bancos comerciales” en la gestión de préstamos.

Las cajas alemanas también han tenido serios problemas por su mala gestión e inversiones especulativas que realizaron dentro y fuera de su país por lo que han precisado ingentes ayudas públicas. Pero en Alemania, las autoridades han protegido estas entidades pegadas al territorio al tener en cuenta el papel determinante que jugaron en la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

En España, se ha adoptado el criterio contrario. El Gobierno ha aprovechado los fallos de las cajas para su liquidación y entrega a los grandes bancos. La situación de oligopolio creada es un factor añadido a la reducción del crédito y de inquietud. No sé qué pensaría hoy el consejero de Economía Ramon Trias Fargas, que se opuso a la fusión de la Caixa y la Caixa de Barcelona por temor al monopolio.

La realidad es que los efectos negativos de la concentración del sector en poco más de una docena de entidades ya se deja sentir. Las empresas que antes trabajaban con dos o tres bancos se han quedado con una sola línea de financiación. Caixa Bank, BBVA y Santander, controlan ya el 40% del mercado y llegarán al 50% en 2015, según el consejero delegado de esta última entidad. 
Hay que destacar también que el futuro económico de España está más en manos de los bancos que otros países. España y Chipre son los países de la zona euro en los que las empresas dependen más del crédito bancario, prácticamente en un 99%. Mientras que otros Estados, como Reino Unido y Francia las empresas obtienen más de un 20% de su financiación acudiendo a los mercados de capitales. Alemania obtiene por esta vía algo más de un 10%.

La idea de sanear, recapitalizar y reprivatizar los bancos intervenidos, que ha diseñado el Gobierno, no contribuirá en nada a recuperar la economía, puesto que estas entidades están obligadas por Bruselas a reducir en más de 100.000 millones el crédito. Y quizá tampoco servirá para salvarse ellas mismas.

En el Reino Unido tratan de aplicar esta política de reprivatizar sin éxito con el Royal Bank of Scotland y el Lloyds Banking Group, que fueron nacionalizados en 2008 tras una inyección de ayudas de 75.000 millones de euros. De momento, los contribuyentes británicos han perdido la mitad de los 52.000 millones que aportaron para salvar el RBS y no se ve un futuro mejor.

El Gobierno se ha quedado con muy pocas palancas para incidir en la economía y afrontar la crisis. Carece de política monetaria y de muy poco margen inmediato en la política fiscal. Podría recapitalizar y sanear completamente los bancos nacionalizados, y renegociar con la UE un calendario menos exigente de la reducción del crédito.

Para ello se necesita determinación. En España hablar de banca pública o cooperativas suscita un debate ideológico que no se produce en otros países. Sin embargo, cuando vemos como Estados tan ortodoxos como Alemania han basado tanto su recuperación actual, como el “milagro económico” tras la segunda guerra mundial en este tipo de entidades quizá sería conveniente explorar de qué manera se podría utilizar esta  propiedad pública que representa un 15% dl sector financiero, para facilitar la financiación de las empresas y detener la sangría de empleo en este país. Al fin y al cabo no haríamos más que seguir el modelo de los países más exitosos de la UE. Un modelo que nosotros mismos nos hemos cargado y ahora tenemos una ocasión de recomponer pensando sobre todo en las necesidades de las empresas.

Andreu Missé

 


¿Qué futuro tiene la banca nacionalizada?, ¿Conviene que Bankia, CatalunyaBanc y Novagalicia permanezcan a largo plazo en brazos del sector público, haciendo de la actual necesidad, virtud de futuro? Hasta ahora, estas cuestiones han recibido respuestas más bien ideológicas. Desde la izquierda de la izquierda se han levantado voces propugnando que se aproveche la ocasión y que se constituya un amplio sector público bancario. Con un argumento fuerte, pero solitario: ya que las entidades han sido salvadas por los contribuyentes a las duras, que se queden en sus manos a las maduras. Sin embargo, nadie explica qué servicio singular podrían prestar estas entidades a la reactivación del crédito en las actuales circunstancias recesivas, y dadas sus limitaciones de imagen, de gestión, de capacidad de movimiento y para la recuperación de clientela solvente.


Desde el ángulo contrario, la banca y el supervisor manifiestan contundentes recelos a esta alternativa. El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy,  es quien más claramente se ha manifestado, acogiéndose a que la “experiencia demuestra que la gestión de la propiedad pública [después de les necesarias reestructuraciones] no resulta en general un mecanismo eficaz para corregir las imperfecciones del mercado de servicios bancarios y con frecuencia, tiende a acentuarlas”. Esta condena general de la banca pública es demasiado tributaria de un desastre reciente, el de muchas de las entidades semipúblicas conocidas como a cajas de ahorro. Olvida que en España ha existido en el pasado banca pública de una cierta calidad (hasta su privatización). Y fundamentalmente que la gestión privada resulta en ocasiones tan o más mejorable que la pública, como demostró el derrumbe de la banca industrial privada y después de muchas entidades comerciales en la convulsa crisis de los años 80 y primeros de los noventa.

De manera que la respuesta no puede venir de las abstracciones ideológicas, sino del análisis de cuál es la mejor estrategia para recuperar la inversión pública –española y europea– ya otorgada; y si puede ser la banca nacionalizada el mejor instrumento para activar el mercado de crédito a las pymes. Cuestiones, ambas, que están estrechamente ligadas entre sí.

No es seguro que la conversión de la banca nacionalizada de urgencia en banca pública permanente sea la mejor fórmula para recuperar el máximo nivel posible de la inversión llevada a cabo por los contribuyentes. Primero porque a menudo tiene lugar un “efecto cola” mediante el cual las empresas más vulnerables y  rechazadas por las entidades privadas son las que tienden a endeudarse con la banca pública, después de rodar por toda la privada. Segundo, porque la intencional función social de las entidades públicas suele incentivar la tendencia y se arriesga a que conceda créditos a proyectos no viables y a compañías en peligro de mora. Tercer, porque no queda claro cómo unas entidades muy castigadas durante su caída lograrían plantear competencia eficaz a las que mejor sortearon la crisis. Parecería pues que la continuación del proceso de saneamiento y la posterior venta, en entidades enteras o troceadas, pueda resultar más verosímil. Pero tampoco está descontado. El FROB ha fracasado en su intento de lograr una venta remunerativa de CatalunyaBanc, y veremos si dentro de un tiempo no le cuesta aún más su traspaso. Y la venta del Gallego al Sabadell, le ha encajado 325 millones de euros de pérdidas, contra la previsión de ganancias que había publicitado.

Por otro lado, las sinergias entre las entidades nacionalizadas que han recibido 42.000 millones de euros en ayuda europea indirecta son materia complicada: la  fusión que preveía el Gobierno fue desautorizada por Bruselas, en aplicación del Memorandum of Understanding. Una eventual alianza comercial toparía con la defensa de la competencia a cargo de la CNMV. Y la mera coordinación de la comercialización de sus participaciones industriales parece poca cosa a fin y efecto de imprimir una dinámica fastuosa a estas entidades, como subsector.

El otro interrogante es si las nacionalizadas constituyen el instrumento idóneo para el relanzamiento del crédito, que desde medianos de 2009 hasta el final de 2012 ha caído un 9,2%, unos 172.000 millones de euros, equivalentes al 17% del PIB, según FUNCAS.  La parálisis crediticia obedece a toda una serie de factores: insuficiencia de una demanda solvente; exceso de endeudamiento de empresas y familias; temor de los bancos a la creciente morosidad; lastre de las entidades con activos del ladrillo en depreciación continua; obstáculos a la financiación ortodoxa de los bancos en los mercados de capitales internacionales. ¿Tienen alguna ventaja comparativa los bancos nacionalizados frente a los otros en cada uno de estos elementos? Vuelve a ser dudoso, al menos si se consideran aisladamente otras operaciones que parecen más practicables, como son la apertura de las –por ahora muy modestas–, nuevas líneas del ICO (la última, del 23 de Febrero, totaliza 22.000 millones de euros) o la disposición del BCE para incentivar la banca española a dar más crédito a las pequeñas empresas, rebajando el nivel de las garantías titulizadas (colaterales).

Y para peor pronóstico, la recesión continuará, agravada, el 2013; el nivel de paro se prevé que se eleve hasta el 27% de la población activa; el déficit se resiste y la deuda se incrementa notablemente. ¿Quién puede y sabe hacer banca rentable en unas coordenadas como éstas?

Xavier Vidal-Folch