El debate sobre las pensiones se ha reactivado desde que el sistema ha comenzado a mostrar números rojos. Su precaria situación refleja la brusca, y profunda, caída de la afiliación, de forma que las cotizaciones no son ya suficientes para financiar el gasto. Pero junto a estas acuciantes necesidades inmediatas, las más preocupantes son las de largo plazo, las que apuntan a la sostenibilidad futura del sistema público de reparto.

Y ahí la demografía es horrenda. Según las últimas previsiones 2012-2052 del INE, a partir de 2020 se acentúa el deterioro demográfico actual y, desde 2040, no parece posible mantener el actual modelo, sea cual fuere el aumento de la productividad o de las tasas de participación en el mercado de trabajo.
Recordemos lo substantivo de las previsiones del INE. Entre 2012 y 2025, mientras la población de 0 a 15 años se mantiene cerca de los 7 millones, la de 16 a 39 años, simplemente, colapsa, perdiendo casi 4 millones de individuos (un -26% de los 15 millones existentes en 2012). Esta reducción se compensa con el aumento en los individuos de 40 a 64 años (1 millón) y, en especial, con la ganancia de los mayores de 64 años (unos 2 millones). En suma, entre 2012 y 2025 se producirá una caída de población total cercana al millón y, al mismo tiempo, un drástico cambio en su distribución: los de 16 a 39 años habrá perdido posiciones (desde el 33% al 25%) y los de 40 a 64  y de 65 y más años las habrán ganado (del 34% al 37,5% y del 17,4% al 22,6%, respectivamente). A partir de 2025, y hasta 2052, el INE espera una acentuación y extensión a edades cada vez mayores de estas negativas tendencias.

En suma, entre 2012 y 2052, la población de 0 a 15 años habrá perdido un -26% de los efectivos de 2012 (unos -2 millones), la de 16 a 39 un -37% (-5,6 millones), la de 40 a 64 años un -28% (-4,3 millones) y, finalmente, los mayores de 64 años habrían ganado un impresionante 89%, pasando de los 8 a los 15,2 millones. Y, en conjunto, España tendrá sólo 41,5 millones, 4,6 millones menos que en 2012 (un -10%).

Estos dramáticos cambios implicarían que, de no mediar alteraciones radicales en tasas de natalidad, esperanza de vida o en las esperadas corrientes inmigratorias, la distribución por edades de la población se habrá alterado substancialmente. Y presentará caídas generalizadas hasta los 64 años (desde el 16% al 13% del total para la cohorte de 0 a 15 años, del 33% al 23% para la de 16 a 39 años y del 34% al 27% para la de 40 a 64 años), y fuertes avances para los de 64 y más años, que de aportar el 17,4% de la población en 2012 pasarían a significar un insostenible 36,6%  en 2052.

Se argumentará que los aumentos en la actividad deberían permitir hacer frente, siquiera sea parcialmente, a este deterioro. Difícil. La población potencialmente activa (de 16 a 64 años) caerá desde los 30,7 millones de 2012 a los 27,8 de 2025, los 23,6 millones de 2040 y los 20,8 millones de 2052. En este último año, e incluso con una tasa de actividad del 100%, no sería posible alcanzar el volumen actual de activos, que superan los 23 millones.

Somos un país cuya población envejece de forma inexorable. Hemos tenido durante treinta años una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Y este ciego comportamiento se paga. Frente al precipicio demográfico que afrontamos, no existe una única solución. Habrá que aumentar la tasa de actividad femenina, incrementar la productividad de los ocupados, fomentar la natalidad y echar mano de nuevo de la inmigración. Pero es difícil imaginar que todos estos cambios, incluso en escenarios muy positivos, pudieran sostener el actual sistema. Además, dado que están fuera del alcance de las decisiones políticas y pueden o no tener lugar, la única medida segura será la reducción de las pensiones, bien mediante el expediente del aumento en la edad de jubilación y/o cambios en su cómputo. El valor de este recorte dependerá de la evolución de aquellas otras variables, pero es inevitable. En este páramo demográfico en el que nos hemos situado, ¿qué otra alternativa queda?

Josep Oliver

Muchos ciudadanos están hoy preocupados por el futuro de sus pensiones por dos razones: A medio plazo, por la caída creciente del número de cotizantes y el aumento creciente del número de beneficiarios. Por un lado, el número de afiliados a la Seguridad Social alcanzó su máximo histórico en 2007, con 19,4 millones cayendo en 2012 a 16,1 millones, una caída de 3,3 millones en cinco años. Por otro, a finales de 2012, la tasa los beneficiarios de prestaciones de desempleo alcanzaron 2,8 millones, de los que 1,3 millones recibían una prestación contributiva, 1,1 millones un subsidio de desempleo y 0,4 millones una renta activa de reinserción de 426 euros. Además, en 2012, el número de cotizantes en proporción del número de pensiones que se han abonado (y no de pensionistas, ya que hay un millón de beneficiarios que cobran más de una pensión) era 1,9.

A largo plazo, por el envejecimiento creciente de la población y por el menor tamaño de las cohortes jóvenes que tendrán que pagar las pensiones de las familias numerosas que ahora se jubilan. Según las recientes proyecciones de la población del INE 2012-2052, la esperanza de vida al nacer pasará de 79,1 años en 2011 a 86,9 años en 2051 y la esperanza de vida a los 65 años pasará de 18,4 a 24 años (89) para los varones y de 22,3 a 27,3 para las mujeres (92,3). Los nacimientos serán menores que las defunciones a partir de 2022, con lo que la población total caerá 3,5 millones en 2051. Finalmente en 2051, el número de personas en edad de trabajar (16-64 años) igualará el número de personas inactivas, es decir de más de 64 o menos de 16 años, luego la tasa de dependencia será 100%, cuando en 2012 ha sido 50,4%. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el INE estima que en dicho período no habrá inmigración neta, lo que es muy discutible.

¿Cuáles son los problemas detectados por los expertos en pensiones?

Primero, tanto José Ignacio Conde-Ruiz y Clara González (2011) como Ángel de la Fuente y Rafael Doménech (2012) estiman que la Ley de Reforma de las pensiones de 2011 sólo reduce en un tercio el incremento previsto del gasto en pensiones hasta 2050 que pasaría del 9% del PIB en 2010 al 18% en 2050. José Antonio Herce (2010) recuerda que la edad de jubilación a los 65 años fue introducida en España en 1919, cuando el 90% de la población no llegaba a cumplirlos y 81 años más tarde, el 90% de la población supera dicha edad. Esta es la razón de que estos expertos demanden una profundización de la reforma actual y un adelantamiento urgentemente de la entrada en vigor de su “factor de sostenibilidad” que dicha reforma incorpora en 2027.

Segundo, Sergi Jiménez (2013) acaba de estimar que el déficit de pensiones previsto para 2025 (1% del PIB) ha sido alcanzado ya en 2012, 13 años antes y Conde-Ruiz (2013) acaba de calcular que la proporción de entre afiliados al sistema, no desempleados, y pensionistas ha caído hasta 1,96 en 2012, haciendo imposible volver al 2,5 de 2007, cuando trabajaban 2 millones de personas en la construcción y el envejecimiento no estaba tan avanzado. En 2012, el gasto en pensiones alcanzó ya el 10% del PIB, un punto porcentual en dos años, subiendo los pensionistas un 4% y cayendo los cotizantes un 3%.

Tercero, el crecimiento de la productividad, por persona empleada, es muy importante para la sostenibilidad del sistema, pero ocurre que sus incrementos suelen terminar trasladándose a los salarios y por tanto a las pensiones, que dependen de los salarios durante toda la vida laboral, como ya mostraron Conde-Ruiz y Javier Alonso (2006) cuando estimaban que el gasto en pensiones en relación al PIB variaría poco con el crecimiento de la productividad, incluso reduciendo la indexación de salarios a pensiones y por tanto la generosidad del sistema.

Cuarto, aunque la productividad por persona empleada crezca mucho, el PIB en 2050 será menor del esperado. Michele Boldrin y Sergi Jiménez (2010) han mostrado que el tamaño de las nuevas cohortes será inferior al actual, dada la caída de la tasa de fecundidad. Bajo un supuesto muy optimista, en que la productividad del trabajo crezca al 1,5% anual (cuando ha crecido 0,8% en los últimos 20 años) y la tasa de empleo suba al 70% de la población en edad de trabajar (cuando ha sido el 44,6%, en 2012), calculan que el PIB resultante sería sólo 1,8 veces el de 2010.

Si la productividad creciese al 1% anual, el PIB sería 1,5 veces el PIB actual y si la productividad creciese al 0,8% anual y la tasa de empleo fuese del 60%, el PIB en 2050 sólo sería 1,1 veces el de 2010. En dicho período, el gasto en pensiones se duplicará con toda seguridad, ya que todos los que serán pensionistas en 2050 han nacido ya y los mayores de 65 años alcanzarán 15,6 millones.

Quinto, el “factor de estabilidad” de la actual ley está previsto que se incorpore en 2027, estableciendo que, cada cinco años, los parámetros se revisarán según la esperanza de vida media a los 67. Sin embargo, las proyecciones del INE estiman que ya, en 2032, la tasa de dependencia alcanzaría 67,8%, al ser un 45,2% del total mayor de 64 años y un 22,6% menor de 16, con casi 7 personas inactivas por cada 10 en edad de trabajar.

¿Qué medidas podrían hacer viable y predecible el sistema de pensiones?

Primero, J. E. Devesa, M. Devesa, Dominguez, Encinas, Meneu y Nagore (2012) estiman que la solución a este problema es muy difícil ya que, según el parámetro que se ajuste, el riesgo recae sobre un determinado colectivo. Si se ajustan los años cotizados o la edad de jubilación recae sobre los nuevos pensionistas; si se ajusta la revalorización, sobre los pensionistas existente y si se sube el tipo de cotización, sobre los cotizantes. Calculan que para lograr un equilibrio financiero en 2045, sería necesario o un aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 70 años en 2047, o un incremento de los años cotizados hasta 42,5 o una reducción de la pensión inicial del 21%.

Segundo, Javier Díaz Jiménez y Julián Díaz Saavedra (2011), tras un sofisticado cálculo sobre cómo hacer sostenible el sistema de reparto actual, muestran que es muy preferible retrasar la edad de jubilación que aumentar los impuestos sobre el trabajo. Estiman que si, en 2010, se hubiese retrasado la edad de pre-jubilación de 60 a 63 años y la de jubilación de 65 a 68 años, el sistema hubiera sido sostenible hasta 2061 y hubiese habido mejora del bienestar desde 2021.

Tercero, tanto Jiménez (2013) como Conde-Ruiz (2013) plantean la opción de una transición desde el sistema actual de prestación definida al de contribución definida, como en otros países Europeos, dado que tanto la demografía como el mercado de trabajo están sujetos a mucha incertidumbre a largo plazo. Creen que la pensión debe de depender de todas las cotizaciones realizadas y que debe ajustarse de forma actuarial en función de la edad de retiro y de la esperanza de vida de cada cohorte. Además, dado que no todos los individuos tienen la misma esperanza de vida, un sistema de esta naturaleza daría flexibilidad a la jubilación sin poner en riesgo su sostenibilidad.

Cuarto, Conde-Ruiz (2013) advierte, asimismo, que está haciéndose ya una “reforma silenciosa”, que consiste en mantener constante, en términos reales, la pensión máxima, mientras se aumenta la base máxima de cotización, haciendo que la pensión de los trabajadores con pensión máxima sea cada vez menor en proporción de su salario y llegando, eventualmente, a que una gran mayoría de los pensionistas pudiesen cobrar la pensión máxima, cotizando menos que aquellos con pensión máxima. Este sistema hace que los aumentos de la productividad o de los salarios no se trasladen a la pensión máxima, al permanecer constante por ley, logrando así reducir el gasto total en pensiones por la puerta de atrás y sin trasparencia alguna.

En resumen, la reforma del sistema de pensiones actual es muy necesaria, bastante urgente y debe de ser precedida de un debate abierto tanto en el marco del Pacto de Toledo, como entre los agentes sociales, los expertos en pensiones y la sociedad en general.

(Publicado en El País, 5 de abril de 2013)

Guillermo de la Dehesa